Por Arturo Gutiérrez 

Ciudad de México, 19 de abril de 2026.— Si eres beneficiario de algún programa social en la capital, esto te interesa: evaluar esos apoyos puede marcar la diferencia entre recibir ayuda temporal… o mejorar realmente tu calidad de vida.

El diputado Andrés Atayde Rubiolo presentó un Punto de Acuerdo para que el Gobierno de la Ciudad de México revise a fondo el desempeño de sus programas sociales, con una meta clara: que sí reduzcan la pobreza y la desigualdad.

Más allá del debate político, la evaluación tiene beneficios concretos para la población:

1. Mejores apoyos: Permite ajustar programas para que respondan a necesidades reales, no a decisiones administrativas.

2. Más transparencia: La gente puede saber en qué se gasta el dinero público y si funciona.

3. Resultados reales: Se mide si los beneficiarios logran mejorar ingresos, educación o condiciones de vida.

4. Menos desperdicio: Se eliminan programas ineficientes y se fortalecen los que sí ayudan.

Atayde advirtió que hoy el problema es que muchos programas se evalúan solo por cobertura, es decir, por cuántas personas reciben apoyo, pero no por si esas personas logran salir de la pobreza.

Esto es clave: sin evaluación, un programa puede parecer exitoso en números, pero no generar cambios reales en la vida de la gente.

Además, la Constitución local establece que la política social debe ser progresiva, lo que implica no solo ampliar apoyos, sino mejorar resultados con el tiempo.

La propuesta busca involucrar a instancias como la Auditoría Superior y la Contraloría para garantizar que cada peso invertido tenga impacto.

El trasfondo es directo y poderoso: una política social sin evaluación puede fallarle a quienes más la necesitan. Evaluarla, en cambio, puede convertir los apoyos en verdaderas herramientas de movilidad social.