Por Arturo Gutiérrez

Ciudad de México, 03 marzo 2026.- Lo que ocurrió el 26 de febrero en la colonia Santa Bárbara, en la alcaldía Azcapotzalco, no fue un operativo institucional, sino un acto de intimidación contra vecinos que ejercían su derecho a preguntar. Así lo denunció en tribuna la diputada panista Daniela Álvarez, quien exigió que la alcaldesa Nancy Núñez comparezca y asuma responsabilidad por la actuación de su personal.

“La respuesta no fue información. No fue transparencia. No fue diálogo. Fue confrontación”, lanzó la legisladora al describir el momento en que vecinas y vecinos solicitaron a servidores públicos identificarse durante un presunto operativo.

Álvarez fue directa: la falta de identificación oficial en un despliegue público no es un detalle administrativo, sino una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica. “Toda autoridad debe estar plenamente identificada para garantizar certeza jurídica y evitar abusos”, subrayó.

La diputada acusó que lo sucedido revela una cultura institucional que castiga el cuestionamiento. “Cuando la autoridad se molesta por una pregunta, algo está profundamente mal”, advirtió.

En su intervención, vinculó el caso de Azcapotzalco con otros episodios donde ciudadanos y periodistas han sido denunciados o presionados por criticar a gobiernos emanados de Morena. “Eso no es defensa legal. Es enviar un mensaje: ‘Si hablas, te metemos en problemas’”, sostuvo.

Para la legisladora, separar temporalmente a funcionarios no es suficiente. Exigió una investigación exhaustiva que esclarezca la cadena de mando, las órdenes emitidas y las posibles responsabilidades superiores.

“Porque el problema no es sólo quién empujó o golpeó. El problema es la cultura que permite que alguien crea que puede agredir a un ciudadano por hacer una pregunta”, enfatizó.

Desde tribuna, el PAN pidió vista a la Fiscalía, medidas de protección para las víctimas y la comparecencia inmediata de Nancy Núñez. “El poder es para servir. Y cuando empieza a temerle a la crítica, deja de ser fuerte y empieza a ser autoritario”, remató Álvarez.

En Azcapotzalco, el debate ya no es sólo por un operativo. Es por la delgada línea entre autoridad y abuso.